Justicia de Bahrein tramita disolución de grupo opositor

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Resumen Medio Oriente, 7 de marzo de 2017 – Instancias judiciales de Bahrein se disponen a tramitar una demanda del gobierno para disolver a la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waed), denunciaron miembros de esa organización opositora laica.

Medios de comunicación árabes informaron que autoridades afines a la monarquía Al-Khalifa comenzaron a dar pasos para atender la demanda presentada por el Ministerio de Justicia destinada a desmantelar dicho partido, que en caso de prosperar sería el segundo caso de ese tipo en menos de un año.

El ministerio argumentó el pedido de disolución de esa agrupación en virtud de presuntas violaciones “de los principios de respeto por el estado de derecho, su apoyo al terrorismo… y por su promoción del cambio político mediante la fuerza”.

La posición gubernamental tiene como precedente la disolución por orden de un tribunal de la Sociedad Nacional Islámica Al-Wefaq, la principal organización opositora de Bahrein que aglutina a varios grupos de la mayoritaria población chiita de este reino del golfo Pérsico.

También a solicitud del Ejecutivo, la justicia halló con lugar desarticular a esa estructura por “albergar el terrorismo” y “alentar revueltas para cambiar al gobierno”, además de mantener en prisión desde 2014 a su líder, el cheihk chiita Alí Salman.

Los dirigentes de Waed refutaron las imputaciones de las autoridades y se desvincularon de cualquier actividad terrorista o sediciosa, al tiempo que recordaron que su antiguo líder Ibrahim Sharif estuvo un año encarcelado hasta julio pasado por “incitación contra el gobierno”.

Sharif, de confesión sunnita, ya había cumplido cuatro de los cinco años a los que fue condenado por su participación en las revueltas populares de 2011 que demandaban una monarquía constitucional y la elección del primer ministro, y se vio beneficiado por un indulto real en junio de 2016.

El nuevo pulso de Manama contra la oposición ocurre luego de que el domingo el Consejo Shoura, la cámara alta del parlamento, aprobó por unanimidad una enmienda constitucional que permite juzgar en cortes militares a civiles acusados de “dañar el interés público o terrorismo”.

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